Lo de Gallardón y en general, el PP, no tiene parangón
alguno en cuanto a la privatización de servicios públicos, lo que conlleva
inevitablemente mayor gasto para el ciudadano. El PP ha decidido que para
recortar el déficit público hay que reducir drásticamente los servicios que se
prestan con cargo del erario público; luego, como se prestan menos servicios,
hacen falta menos funcionarios, y así cuadran las cuentas. Al final el
ciudadano, al que por supuesto no le van a bajar sus impuestos porque las
cuentas tienen que cuadrar, va a pagar dos veces por el mismo servicio, una a
través de sus impuestos y otra a la empresa privada que le va a prestar el
servicio antes público. Eso sí, el número de gente colocada por el PP en el
Gobierno de la nación y en Gobierno de Aragón para gestionar los pocos
servicios públicos que van a quedar, muchos de ellos sin otro conocimiento o currículo
que su vinculación a dicho partido, o al PAR, sigue aumentando.
Ahora llega el turno de los expedientes para la obtención de
la nacionalidad española. Gallardón (qué lince este hombre, qué visión de la
jugada ¡!!) se ha dado cuenta del tremendo retraso que lleva su Ministerio en
la resolución de los expedientes de nacionalidad, sobre todo desde que él ha
llegado al Ministerio, y ha decidido desbloquarlo. Porque hasta el mes de
noviembre los expedientes se resolvían en dos años, pero desde hace 4 meses
apenas llegan a los Registros Civiles los expedientes resueltos por el Ministerio,
debido al parecer a que se ha pulido al personal que resolvía estos expedientes
por las tardes. Y en vez de averiguar qué ha pasado en estos últimos cuatro meses,
o de explorar las posibilidades que le daba la nueva Ley de Registro Civil (que
prevé la tramitación de los expedientes por las Subdelegaciones del Gobierno),
o de delegar la resolución de los expedientes en las Gerencias Territoriales
que el Ministerio de Justicia tiene por toda España absolutamente mal
empleadas, o de reforzar los registros civiles que acumulen más retraso en la tramitación
de los expedientes, el lince Gallardón ha decidido que los funcionarios públicos
que llevamos 130 años gestionando los expedientes de nacionalidad española
somos unos torpes y que esto se va a hacer mucho mejor si se gestiona desde los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, mezclando churras con
merinas, inscripciones de pisos e hipotecas, de sociedades y de venta de coches
a plazos con informes de la Policía sobre buena conducta o tiempo de residencia
en España.
Según el diario El Pais, los responsables de Justicia
subrayan que no puede hablarse de “privatización” del servicio de concesión de
nacionalidad porque los registradores de la propiedad no son profesionales
privados sino, según la ley, “ejercientes privados de funciones públicas”,
funcionarios con un estatus autónomo pero sometidos al ministerio. “Son
profesionales que han visto muy mermada su carga de trabajo con la crisis, por
el descenso de actividad inmobiliaria y societaria. Es una forma de que ellos
asuman trabajo y el ministerio gane en eficacia". Sr. Gallardón: ¿acaso
los registradores de la propiedad han repartido algo de los grandísimos
beneficios que obtuvieron en la época del boom inmobiliario? ¡¡¡ Que apechuguen
con la crisis, como tenemos que hacer todos, que seguro que no se mueren de
hambre!!!!
El lince Gallardón alega que los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles también son funcionarios públicos,
porque han hecho una oposición para poder acceder a su trabajo en régimen de
monopolio estatal. Nadie duda de la capacidad de los registradores (hasta Rajoy
es Registrador de la Propiedad!!!), pero es evidente que su
sistema de retribución, por medio de aranceles que pagamos los ciudadanos que
acudimos a ellos obligados cada vez que compramos un piso o un coche por
leasing, los alejan bastante de lo que en general entendemos por funcionarios públicos.
Y qué decir de su personal, que si bien altamente cualificados no han pasado
por proceso selectivo público alguno y no tienen los deberes y las obligaciones
que tenemos los funcionarios públicos. Por esto nadie, salvo Gallardón y los
del PP, pueden entender que se encomiende la gestión de algo tan sensible como
son los expedientes de nacionalidad española, donde hay que evaluar la conducta
pública de los promotores, su grado de adaptación a la sociedad española, y su
tiempo de residencia, a los registradores de la propiedad, mercantiles y de
bienes muebles que se dedican a calificar inscripciones de fincas y pisos,
anotaciones de embargo e inscripciones de hipotecas y sociedades. Salvo, claro,
que Gallardón haya decidido mercantilizar el estado civil de los ciudadanos,
poniendo un precio a ser ciudadano, casarse, nacionalizarse español, y a este
paso hasta para morirse. Porque algo está bien claro: que a los Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y a su personal habrá que pagarles por el
trabajo que van a hacer.
Hay algo más que todavía no se entiende: si el gran atasco
no está en los Registros Civiles que instruyen los expedientes, sino en el
propio Ministerio de Justicia al tiempo de resolverlos, ¿por qué Gallardón
quiere que los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
tramiten los expedientes y quiere conservar en la Dirección General de los
Registros y del Notariado la responsabilidad en su resolución, tal y como
aparece en la nota de prensa del Ministerio? La única tramitación que hace el
Ministerio de Justicia, antes de resolver los expedientes, es solicitar un
informe a la Dirección General de la Policía sobre el tiempo de residencia y la
conducta observada por el promotor; el informe, en muchos casos, se hace a las
pocas semanas de su recepción, y luego, desde que se envía al Ministerio de
Justicia hasta que se resuelve el expediente, se tarda casi año y medio. Es decir, el expediente se paraliza en la
Dirección General de los Registros y del Notariado, el mismo que seguirá
teniendo la responsabilidad de resolverlos… Nadie lo entiende, salvo Gallardón.
El Registrador de Santa Pola, en Alicante, que se llama
Mariano Rajoy, le estará eternamente agradecido por seguir engrosando sus emolumentos
sin mover un papel en dicho Registro.
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