Los medios de comunicación se van haciendo eco de las
reformas previstas en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los
Registros, en virtud del cual se pretende la privatización del Registro
Civil que sería asumido, si entre todos no conseguimos pararlo, por los
Registradores de la Propiedad, que convertirán un servicio público esencial en
su negocio privado. Anteproyecto que, tal y como afirma el propio Presidente
del Colegio de Registradores, han estado negociando durante tres meses dicho
Colegio con el de Notarios, lo que demuestra una vez más que el Anteproyecto
únicamente busca favorecer a dicho colectivo, al que pertenece el Sr.
Presidente del Gobierno y parte de su familia y la de Gallardón, y que en
España la iniciativa legislativa ya no está en las Cortes Generales o en el
Gobierno, sino en un grupo de presión privilegiado, lo que convierte el
Anteproyecto en antedemocrático y antisistema.
Esta semana ha tocado el turno a la tramitación de la
nacionalidad. Junto al anuncio de que los extranjeros que quieran
nacionalizarse españoles tendrán que aprobar un examen, que al parecer se
convocará dos o tres veces al año, para acreditar su grado de conocimiento de
cultura, historia e idioma español al igual que se hace en otros paises, de
tapadillo se anuncia que en el mismo borrador se recoge también un nuevo
procedimiento de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia
con intervención del notario, un procedimiento que incluye "cambios
profundos" a la vista de las "disfunciones" causadas
por la anterior regulación y que llevó a "retrasos incompatibles con el
normal funcionamiento de los servicios públicos", según consta en la
exposición de motivos. De este modo, la acreditación de los requisitos para la
obtención de la nacionalidad se hará mediante un acta notarial, en la que el
notario dará fe de haberse presentado correctamente todos los documentos y
acreditados los requisitos. La nacionalidad española se concederá por el
Ministerio de Justicia, previo expediente tramitado por la Oficina del Registro
Civil competente, a cargo de un registrador de la propiedad.
Vayamos por partes: las disfunciones del actual sistema
y el retraso incompatible con el normal funcionamiento de los servicios
públicos son culpa principalmente del Ministerio de Justicia y además de las
Comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia.
En el anteproyecto parece como si la actual situación de la tramitación de los
expedientes de nacionalidad no tuviera nada que ver con el Ministerio de
Justicia, cuando es al contrario. Los datos: en el año 2002 había en España
1.977.000 ciudadanos extranjeros, y en el año 2012 5.711.000, aumento de
población extranjera que supone un incremento significativo de la carga de
trabajo en cuestiones como expedientes de nacionalidad, expedientes de
matrimonio e inscripciones de nacimiento principalmente; durante estos años
las plantillas de los Registros civiles principales apenas se han aumentado,
mientras que su trabajo prácticamente se ha duplicado. En el año 2013 seguimos
sin un programa de gestión procesal para la tramitación de los expedientes
de Registro Civil, común para toda España, por lo que cada registro sigue
tirando de los formularios hechos por ellos mismos, o por las adaptaciones de
los sistemas de gestión procesal al registro civil que han hecho algunas
comunidades autónomas. En alguna ciudad como Zaragoza, para evitar las largas
colas de extranjeros pidiendo una cita previa para tramitar su expediente de
nacionalidad, se ha implementado por la administración un sistema de cita
previa electrónica que pervierte todavía más el sistema, al ser limitado el
número de citas que ofrece y sólo estar operativo unos pocos minutos a la
semana por lo que la obtención de dicha cita previa se convierte en un negocio
para quienes las acaparan, además de la imposibilidad material para muchos
extranjeros de conseguir una cita para tramitar su expediente de nacionalidad. El
Ministerio de Justicia es quien tiene que resolver los expedientes de
nacionalidad, y allí es donde año tras año se han ido atascando los expedientes
de nacionalidad, hasta que en el primer semestre del año 2012 y sin causa
justificada alguna el Ministerio de Justicia resolvió un 65 % de expedientes
menos que en el semestre anterior, lo que dio pie a que su máximo
responsable, el Sr. Director General de los Registros y del Notariado, a la
sazón también Registrador de la Propiedad, propusiese a su colectivo para
desatascar el trabajo del Ministerio, y de paso lanzar su propuesta de quedarse
con todo el Registro Civil.
El Ministerio de Justicia, culpable y máximo
responsable de este desaguisado, ofrece como solución a este problema la
privatización del expediente de nacionalidad y que sean los Notarios quienes lo
realicen, repartiendo el pastel de la nacionalidad entre Registradores y
Notarios y pasando de la tramitación gratuita de los expedientes de
nacionalidad al pago por realizar muchos de sus trámites. Dirán los del Ministerio que esto no es
una privatización, porque los Notarios tienen la condición de funcionarios públicos (como los Registradores
de la Propiedad), aunque nadie vea como funcionarios públicos a quienes hacen
de una función pública su negocio particular.
¿Cómo prevé el Anteproyecto negociado por los
Registradores con los Notarios que se tramite el expediente de nacionalidad? El proceso se iniciaría con un
modelo normalizado disponible en la Sede Electrónica de los Registradores de la
Propiedad (posible pago). La acreditación de los requisitos exigidos
para la obtención de la nacionalidad española y la presentación de los
documentos exigidos, entre ellos la superación del examen antes mencionado, se
hará mediante un acta notarial (pago seguro al Notario por esta tramitación
). Dicha acta, una vez finalizada su tramitación, se remitirá
telemáticamente a la Oficina del Registro competente, que completará la
instrucción del procedimiento (posible pago)
solicitando preceptivamente informes de los órganos correspondientes del
Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia; una vez completado
el expediente, el Registrador de la Propiedad encargado del Registro Civil
emitirá, en el plazo máximo de quince días, informe fundamentado proponiendo la
concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia. Dicho
informe se elevará, junto con el expediente, al Ministerio de Justicia, a
través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. A la vista de
dicho informe, la Dirección General de los Registros y del Notariado elaborará
la correspondiente propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad
española para su elevación al Ministro de Justicia, quien resolverá, lo que se
comunicará al Registrador de la Propiedad que tramitó el expediente, para su
notificación al interesado (posible pago).
Si la resolución es positiva, habrá que levantar
acta de juramento (por el Registrador de la
propiedad del domicilio del solicitante, a pagar) e inscribir el nacimiento
de la persona, si no nació en España, y en todo caso la adquisición de la
nacionalidad española (a pagar otra vez)
Si la adquisición es por opción de nacionalidad, la declaración se hará
ante notario (a pagar) el cual remitirá el acta al Registro que resulte competente para su calificación e
inscripción de nacimiento y adquisición de nacionalidad( a pagar de nuevo).
En resumen: el Ministerio de
Justicia pretende arreglar las disfunciones provocadas por el mismo en las
tramitaciones y resoluciones de los expedientes de nacionalidad privatizando su
tramitación, aumentando los trámites para su concesión y obligando a los
ciudadanos extranjeros al pago por muchos de estos trámites. De esta forma transforma “los retrasos incompatibles con el normal funcionamiento de los
servicios públicos”, hasta ahora gratuito, en “los pagos y burocracia incompatibles con
el normal ejercicio del derecho fundamental de acceso a una nacionalidad”. Muchos
extranjeros no podrán pagar al Notario y al Registrador correspondiente, y por
tanto no podrán ser españoles, pese a cumplir todos los requisitos. Sr. Ruiz
Gallardón: el bombero torero lo haría mejor que usted.
Nota: en el día de ayer Gallardón anunció que los Notarios también van a practicar las juras de nacionalidad, de forma gratuita. Sobre esto entraremos en otro post posterior, pero no hace sino redundar en todo lo dicho: se privatiza la tramitación de los expedientes de nacionalidad, y la presunta gratuidad de las juras durante el Plan Intensivo de Nacionalidad es a cambio del pago por los servicios registrales futuros.
NO A LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL
POR UN SERVICIO PUBLICO DE REGISTRO CIVIL, SERVIDO POR
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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