La Junta sectorial de Jueces de Instrucción de Zaragoza, en su reunión de 19 de septiembre, "muestra de forma unánime su contundente rechazo a la propuesta formulada desde la Comunidad Autónoma de Aragón de transformar el Juzgado de Instrucción nº 12 de los de Zaragoza en un Juzgado de Primera Instancia".
El acuerdo de la Junta carga contra la principal justificación de la Directora General de Justicia de Aragón para suprimir un Juzgado de Instrucción, y es que la carga de trabajo de los juzgados de instrucción que según dice no llega al 40% de los módulos. El acuerdo reseña, como hemos hecho CCOO y las cuatro asociaciones de Jueces, que los módulos no tiene en cuenta la reforma de la LECRim realizada en el año 2015 en virtud de la cual la Policía Judicial no remite los atestados (y por tanto no se registran) cuando el delito carece de autor conocido, lo que produce inevitablemente un descenso en el número de registro. Se ve que la Directora General desconoce la legislación procesal actual.
La Junta de Jueces compara otros datos para poner de manifiesto la situación de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza respecto de otras grandes ciudades. Así utiliza la ratio población / juzgados de instrucción, que acredita que la ratio en Zaragoza supone una media considerablemente superior a ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao o Palma de Mallorca. También utiliza las cifras del volumen de litigiosidad, comparando la media de asuntos de que conoce cada Juzgado de Instrucción de Zaragoza respecto de las grandes ciudades, y los resultados vuelven a demostrar que en Zaragoza se llevan más asuntos y se resuelven más asuntos por Juzgado que en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Alicante, Vigo, Valladolid o Palma de Mallorca. Queda demostrado que el número de asuntos ingresados en los Juzgados de Instrucción de Zaragozase encuentra por encima de las medias nacionales y de las correspondientes a Ciudades de similar tamaño, y que no existe pues un volumen de litigiosidad, criterio que es el que debe ser tomado en cuenta según la Ley de Planta y Demarcación, que sea inferior a órganos similares en otras ciudades. Datos que son disponibles para todos los ciudadanos en la página web del CGPJ, incluida la Directora General de Justicia, que ha interpretado las estadísticas conforme a sus intereses.
Para la Junta de Jueces de Instrucción, la desaparición de un juzgado de instrucción supondría un intolerable deterioro del servicio público de justicia penal y un incremento en la carga de trabajo en los restantes juzgados de instrucción, lo que afecta sin duda a la calidad de la administración de Justicia. También les sorprende que se quiera eliminar un Juzgado que tiene, entre sus cometidos especiales, la instrucción de las causas por corrupción.
En definitiva, rechazo tajante a la peregrina idea de la Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón, que se queda sola (una vez más) en la defensa de sus propuestas.
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